Los técnicos de Hacienda han estimado que la economía sumergida española representa un fraude de aproximadamente 60.000€. Esta cifra corresponde al “doble uso” que algunas empresas le dan a los programas de gestión y contabilidad, que permiten llevar un registro contable distinto a las transacciones reales. Para luchar contra este engaño fiscal, en julio de 2021 se aprobó una Ley Antifraude establece una serie de requisitos técnicos que deben cumplir los programas de facturación y contabilidad para impedir está práctica.
¿Qué es la Ley Antifraude?
La Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (BOE), también conocida como Ley Antifraude, ha endurecido la normativa que regula la declaración de operaciones fiscales. Hasta ahora, la Administración Tributaria sólo podía sancionar a las empresas que realizaban una declaración incorrecta si detectaban una infracción durante una inspección o en los propios registros contables de los sistemas informáticos.
Con el objetivo de reducir la economía sumergida que se creó con este método sancionador, la Ley Antifraude ya califica como delito la tenencia de un software no certificado, aunque no se utilice o no contemple los datos de la empresa. Las sanciones por este incumplimiento pueden ascender hasta los 50.000€. Además, los fabricantes y distribuidores de estas aplicaciones también deben garantizar el cumplimiento de la normativa, por lo que se establece multas de 150.000€ por cada ejercicio afectado.
Medidas de la Ley Antifraude: obligaciones y sanciones
La Ley Antifraude establece una serie de medidas que deben cumplir empresas y profesionales, entre otros:
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Se debe poseer un software de gestión contable que garantice la integridad y conservación de los registros y su trazabilidad, es decir, queda prohibido el uso del software de doble uso o caja en B.
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Se suprimen algunas ventajas fiscales que se otorgaban a los pactos sucesorios o herencias en vida.
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Se limitan los pagos en efectivo a los 1.000€.
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El umbral de deuda con Hacienda para aparecer en la lista de morosos baja a 600.000 €.
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Se prohíben las amnistías fiscales y se amplía el concepto de paraíso fiscal.
Además, constituirán infracción las empresas o profesionales que usen o comercialicen software que:
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Permita llevar contabilidades distintas, es decir, tolere no reflejar -total o parcialmente- la anotación de transacciones realizadas.
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Permita alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable
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No cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros.
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No se certifiquen los sistemas fabricados, producidos o comercializados.
Alcance general y aplicabilidad de la Ley Antifraude
La Ley Contra el Fraude Fiscal pretende evitar la manipulación de la contabilidad por parte de las empresas a través de la prohibición del software de doble uso. Por un lado, quiere erradicar la ocultación de determinados cobros para la rebaja de la factura fiscal de la (evasión de impuestos), y por otro lado busca prevenir la contabilidad B, es decir, aquella que queda fuera de las cuentas oficiales de la empresa o institución, que no son auditadas, y de las que no se informan al Estado.
Por ello, las medidas afectarán a todos los contribuyentes cuya actividad económica se base en la prestación de servicios o entrega de bienes. También afecta directamente a los programas de facturación que hayan implementado, las transacciones en efectivo, el pago de impuestos, así como a las criptomonedas.
A pesar de que la Ley Antifraude se publicó en julio de 2021 y la obligatoriedad de disponer de un software adaptado lleva vigente desde octubre, todavía falta que se publique el reglamento que establece los requisitos y detalles que deberán cumplir los sistemas informáticos. Por lo tanto, las sanciones solo podrán aplicarse cuando ya se hayan concretado.
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